La PGR acusó a empresarios y “factureros” de lavar dinero procedente del contrabando de telas que eran importadas de China, reetiquetadas en Estados Unidos y luego introducidas a México al amparo del Tratado de Libre Comercio.
Estados Unidos presentó la denuncia en México en 2012 en contra de una de las redes más importantes en el contrabando de textiles, pero en el País las autoridades tardaron cinco años en llevar a los tribunales.
Aprehensión a nueve implicados
El 27 de octubre de 2017 el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México ordenó la aprehensión de nueve implicados por el lavado de 9.5 millones de pesos provenientes del supuesto contrabando y presuntamente triangulados por una empresa “facturera”.
A cuatro de los señalados se les dictó formal prisión, pero obtuvieron libertad provisional. Cuatro más están prófugos y uno sigue en prisión.